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2026 - Hutchison Panama Ports
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  • COMUNICADO DE PANAMA PORTS COMPANY, S.A. (PPC)

    Panamá, 3 de febrero de 2026

    Panama Ports Company S.A. (PPC) informa que comenzó arbitraje en contra de la República de Panamá el 3 de febrero de 2026, en virtud del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

    El inicio del arbitraje por parte de PPC se produce tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario.

    El arbitraje también se presenta tras los extensos esfuerzos de PPC a lo largo de un año para consultar y evitar disputas.  Mientras diligentemente llevaba adelante las operaciones portuarias y cooperaba de múltiples maneras con el Estado panameño, PPC a través de diversas comunicaciones, también ha transmitido consistentemente sus preocupaciones sobre la campaña del Estado al ésta irse desarrollando, buscando sin éxito claridad y consultas para evitar la necesidad del arbitraje. En cambio, a lo largo del año pasado, desde el inicio del presente año e incluso en los días recientes, el Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad.

    El arbitraje se basa en el contrato de concesión y el marco jurídico que se ha plasmado durante casi tres décadas como un “contrato-ley”, proporcionando seguridad jurídica y respeto a largo plazo del marco legal y contractual aplicable. La República de Panamá ha incumplido el Contrato y ley aplicables. PPC pide una indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes, sujeta a una pronta resolución, y ciertos otros remedios, según resulte necesario. PPC y sus inversionistas continúan reservándose permanentemente todos sus derechos.

    Como trasfondo del arbitraje, y en adición a los demás aspectos de su campaña, durante el último año, el Estado panameño optó por revertir sus posiciones sostenidas durante largo tiempo con respecto al marco jurídico y contractual, incumplió sus obligaciones bajo el contrato y dio inicio, impulsó y/o respaldó procedimientos legales destinados a destruir el contrato de concesión, el cual fue el resultado de un proceso de licitación internacional transparente.

    Como PPC ha informado, el Poder Judicial de la República de Panamá emitió un comunicado de prensa irregular en la noche del 29 de enero de 2026 tras el cierre de la Corte Suprema de Justicia, con relación a un fallo que declaraba inconstitucional la Ley Nº 5 de 16 de enero de 1997, entre otras leyes e instrumentos relevantes. Tal resultado es diametralmente opuesto a decisiones anteriores dictadas por la Corte Suprema con relación a contratos similares al contrato de PPC. El fallo judicial aún no se ha publicado ni ha entrado en vigor.

    Desde temprano en la mañana siguiente al comunicado de prensa judicial, el Estado panameño declaró y ampliamente desplegó pasos para tomar el control de las operaciones de PPC. Con varias referencias al fallo judicial que no ha sido publicado, los pasos que tomó el Estado han incluido visitas inesperadas e instrucciones para que PPC, empresa privada, proporcione acceso irrestricto a propiedad física, comercial, intelectual e información, así como a sus empleados, sobre la base de que el Estado implementa “sistematizar y ejecutar” un “plan” de transición de los puertos a través de “acciones coordinadas” de las autoridades estatales.

    PPC ha continuado gestionando las operaciones portuarias e interactuando respetuosamente con los representantes del Estado, incluyendo la solicitud de acceso al plan referenciado y oportunidades para consultar y coordinar. Como PPC ha destacado, PPC y su inversionista, han invertido ampliamente en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, una cantidad múltiple veces mayor que la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país. Estas inversiones han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido determinantes para establecer a Panamá como un puerto y centro logístico reconocido a nivel mundial, atrayendo a las principales líneas navieras del mundo y generando un impacto positivo para toda la nación.

    A pesar de los acontecimientos recientes, PPC reitera enérgicamente su invitación al Estado panameño para proporcionar claridad y consultas para resolver este asunto.

    Panama Ports Company, S.A


  • COMUNICADO DE PANAMA PORTS COMPANY, S.A. (PPC)

    Panamá, 29 de enero de 2026

    Panama Ports Company S.A. (PPC) toma nota de la declaración emitida esta noche por el Organo Judicial de la República de Panamá en la que se afirma que la Corte Suprema de Justicia ha decidido declarar inconstitucional la Ley N.º 5, de 16 de enero de 1997, y otras leyes relevantes. Si bien PPC aún no ha sido notificada de dicha decisión, esta decisión es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas, según la declaración mencionada y la evaluación realizada por los abogados del procedimiento mencionado.


    Este es el último desarrollo de una campaña del Estado panameño impactando a PPC y a su inversionista por más de un año, que ha incluido un rango de acciones inesperadas contra la Concesión y PPC.


    Durante 28 años de operación, PPC y su inversionista, han invertido más de 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, cifra que representa múltiples veces la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país. Estas inversiones han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido determinantes para consolidar a Panamá como un hub portuario y logístico de referencia mundial, atrayendo a las principales líneas navieras del mundo y generando un impacto positivo para toda la nación.


    La concesión de PPC fue producto de una licitación internacional transparente. Desde ese tiempo, PPC ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado, siempre actuando con total transparencia y plena disposición de colaboración.


    El nuevo fallo, basado en información disponible, carece de fundamento jurídico y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas, que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, sino también el estado de derecho y la seguridad jurídica del país. El fallo es diametralmente opuesto a fallos que ya ha emitido la Corte Suprema respecto a contratos similares al contrato de PPC.

    La campaña del Estado panameño contra su propio marco jurídico y contractual, así como contra un concesionario e inversionista diligente, continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel global. La estabilidad institucional y legal y el respeto a los contratos son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y el estado de derecho.


    PPC reitera su compromiso con Panamá, con sus trabajadores, con las comunidades de Balboa y Colón, y con todos los actores, como se refleja en su cooperación continua con el Estado, a pesar de los acontecimientos del último año. Por la campaña afectando a PPC y sus inversionistas, la compañía y su inversionista continúan reservándose todos los derechos de manera permanente, incluyendo recurso a procedimientos legales e internacionales.


    PPC y sus inversionistas siempre han buscado cooperación con el Estado panameño y reitera su llamado a la coordinación y consultas respetuosas para evitar disrupción y proteger la concesión que ha brindado servicios de alta calidad para el beneficio de Panamá y el mundo.

    Panama Ports Company, S.A.